En el Atlántico, el primer empleo se ha convertido en una especie de “círculo cerrado”: se exige experiencia para trabajar, pero casi nadie está dispuesto a abrir la puerta para adquirirla. Iván Devanny Díaz Rojas pone ese problema en el centro de su conversación pública y lo plantea como una discusión de justicia y productividad, no como un tema accesorio de campaña.
Su enfoque parte de una idea simple: el trabajo juvenil no puede seguir siendo sinónimo de práctica sin pago o de pasantías eternas que no construyen estabilidad. En una de sus respuestas, Díaz Rojas resumió el bloqueo que vive una generación completa: “todas las empresas exigen experiencia, pero pocas están dispuestas a darla”. Desde ahí, propone que el país avance hacia reglas que incentiven y exijan la vinculación de jóvenes practicantes y pasantes, con remuneración justa y acompañamiento real.
Más allá del titular, el punto de fondo es el impacto social. Cuando el primer empleo se vuelve un privilegio, el resultado es frustración, informalidad y migración de talento. Díaz Rojas insiste en que abrir esa puerta no es solo un gesto social: también es una estrategia de seguridad y convivencia. “Un joven sin oportunidades es terreno fértil para la violencia”, ha dicho, vinculando el tema laboral con la estabilidad del territorio.
En un departamento donde miles de jóvenes salen cada año a buscar su primer ingreso formal, el debate se vuelve urgente: cómo equilibrar las necesidades del empresariado con la dignidad de quienes apenas empiezan. La discusión, entonces, no es si el primer empleo importa —eso es evidente—, sino si la región se atreve a convertirlo en prioridad legislativa con resultados verificables.
