Violencia policial contra personas LGBTQIA+ en Venezuela, una herida aún abierta que sigue exponiendo los desafíos de la violencia institucional, la impunidad y la falta de protección de los derechos humanos de nuestras comunidades.
Una realidad que no comenzó ayer
La violencia policial en Venezuela no es un fenómeno nuevo ni una suma de hechos aislados. Como víctima de violencia policial, defensor de derechos humanos y una de las primeras personas abiertamente homosexuales que participó en procesos de formación policial en el país, puedo afirmar que la instrumentalización del poder para criminalizar, perseguir y vulnerar derechos de determinados grupos sociales tiene raíces profundas y ramas ampliamente extendidas.
Hablar desde la experiencia
Mi experiencia no proviene únicamente de la observación o del activismo. También surge de haber sido víctima de actuaciones policiales discriminatorias y de haber trabajado durante más de cuatro años en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), participando en procesos de formación y sensibilización de funcionarios y funcionarias policiales en Venezuela.
Desde esa doble experiencia —como víctima y como formador— pude constatar tanto las profundas deficiencias que persisten dentro de algunas instituciones de seguridad como el enorme potencial transformador que existe cuando la formación policial se fundamenta en los derechos humanos, la ética profesional y el respeto a la dignidad humana.
Por ello sigo convencido de que una policía democrática es posible, pero solo cuando existe una voluntad institucional real para construirla, fortalecerla y sostenerla en el tiempo.
Lo que prometió la reforma policial
Cuando la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) documentó estas prácticas y propuso un nuevo modelo policial basado en derechos humanos, profesionalización, rendición de cuentas y participación ciudadana, muchas personas vimos una oportunidad histórica para transformar instituciones marcadas por el abuso, la discrecionalidad y la impunidad.
De aquel proceso surgieron importantes marcos normativos que definían a la policía como un cuerpo civil, profesional y orientado a la protección de los derechos de la ciudadanía.
Una oportunidad que quedó inconclusa
Sin embargo, diversos factores —entre ellos la creciente politización de las instituciones de seguridad, la resistencia interna a los mecanismos de supervisión y la falta de voluntad para consolidar una cultura de respeto al Estado de derecho— limitaron seriamente la implementación de aquella reforma.
Diversos análisis han señalado que, en la práctica, el modelo policial concebido tras la CONAREPOL fue progresivamente desmantelado o sustituido por dinámicas contrarias a sus principios originales.
Barquisimeto vuelve a encender las alarmas
Cada cierto tiempo ocurre un caso que conmociona a la opinión pública y nos obliga a volver la mirada hacia una realidad que nunca desapareció.
Hoy nos ocupa el caso de los 33 hombres gais detenidos arbitrariamente en Barquisimeto el pasado 31 de mayo, durante un procedimiento policial que, para muchos, evocó prácticas de persecución y criminalización que parecían superadas, al conocerse la invocación de supuestos «delitos de homosexualidad» en la ejecución del procedimiento policial ilegal.
El arbitrario e ilegal procedimiento volvió a activar la indignación colectiva. Organizaciones de derechos humanos denuncian, los medios investigan, familiares exigen justicia y algunos funcionarios públicos reconocen la gravedad de lo ocurrido.
Durante unos días pareciera que el país vuelve a mirar un problema estructural que permanece latente. Sin embargo, cuando la atención mediática se desvanece, las víctimas continúan esperando respuestas y las prácticas abusivas siguen reproduciéndose.
El valor de la respuesta comunitaria
También es necesario reconocer el papel asumido por activistas comunitarios y personas de la comunidad LGBTQIA+ de Barquisimeto.
Fueron quienes acompañaron a las personas afectadas, documentaron los hechos, brindaron apoyo emocional, activaron redes de solidaridad y promovieron mecanismos de denuncia en un contexto marcado por el miedo y la desconfianza institucional.
Su actuación fue fundamental para evitar que lo ocurrido quedara relegado al silencio.
Una oportunidad para reconstruir alianzas
Gracias a ese esfuerzo local, distintas organizaciones de derechos humanos, activistas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil volvieron a movilizarse para exigir respuestas.
Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. Más allá de la atención mediática y los pronunciamientos públicos, este caso debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la articulación entre organizaciones, movimientos sociales y liderazgos comunitarios comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual.
Que Barquisimeto no sea una estadística más
La experiencia nos recuerda que los avances más importantes suelen comenzar desde las comunidades directamente afectadas.
Por ello, el caso de Barquisimeto no debería terminar convertido en una cifra más dentro de un informe anual sobre discriminación o violencia institucional, como lamentablemente ocurrió con otros casos que generaron amplia preocupación pública, entre ellos lo sucedido en el Avalon Club de Valencia en 2023.
Por el contrario, debería servir para reconstruir puentes, fortalecer redes de apoyo, consolidar mecanismos de respuesta rápida y renovar el compromiso colectivo con la defensa de los derechos de las personas LGBTQIA+ en Venezuela.
Cuando quienes deben proteger generan temor
La paradoja es dolorosa. La Constitución venezolana establece que los órganos de seguridad existen para proteger a las personas y garantizar el disfrute pacífico de los derechos constitucionales.
Sin embargo, para miles de venezolanos y venezolanas —especialmente personas pobres, jóvenes de sectores populares, personas LGBTQIA+, trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y otros grupos históricamente estigmatizados— el contacto con la autoridad policial ha significado con demasiada frecuencia miedo, humillación, violencia o arbitrariedad.
El costo humano de la impunidad
Muchas víctimas nunca reciben reparación. Sus familias quedan atrapadas entre el dolor, la impunidad y el abandono institucional.
La desconfianza hacia el sistema se profundiza, el temor a las represalias silencia denuncias legítimas y la sensación de indefensión se convierte en parte de la vida cotidiana.
Cuando el abuso no encuentra consecuencias reales, el mensaje que recibe la sociedad es que cualquiera puede convertirse en la próxima víctima.
Heridas que permanecen
Quienes hemos sufrido directamente la violencia policial sabemos que las heridas no terminan cuando cesa el abuso.
Permanecen en la memoria, erosionan la confianza en las instituciones y condicionan la manera en que nos relacionamos con el Estado.
Por eso, hablar de violencia policial en Venezuela no es únicamente hablar de seguridad ciudadana. Es hablar de derechos humanos, democracia, justicia y dignidad humana.
Del diagnóstico a la acción
Frente a esta realidad, las personas y comunidades históricamente vulnerabilizadas no podemos resignarnos a la apatía, el miedo o la desconfianza.
También debemos asumir un rol activo en la exigencia de cambios estructurales que permitan construir instituciones policiales verdaderamente al servicio de la ciudadanía y respetuosas de los derechos humanos.
La formación sigue siendo clave
Es fundamental que, desde la formación inicial y a lo largo de toda la carrera policial, los funcionarios y funcionarias reciban capacitación permanente sobre derechos humanos, diversidad sexual y de género, igualdad y no discriminación, atención a víctimas y uso proporcional de la fuerza.
Nadie debería ejercer autoridad sobre personas cuyas experiencias, necesidades y vulnerabilidades desconoce.
Instituciones que rindan cuentas
Los órganos de control interno y externo deben actuar con independencia, imparcialidad y celeridad frente a cualquier desviación policial.
La rendición de cuentas no puede ser una excepción reservada para los casos que generan escándalo público. Debe convertirse en una práctica cotidiana y visible que fortalezca la confianza ciudadana.
Recuperar la confianza en la justicia
El Ministerio Público, especialmente las Fiscalías con competencia en derechos fundamentales, junto con la Defensoría del Pueblo, deben trabajar de manera coordinada, accesible y transparente para garantizar protección, acompañamiento y justicia a las víctimas.
Una ciudadanía que no confía en las instituciones difícilmente denunciará los abusos que presencia o experimenta.
Una responsabilidad compartida
Las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los movimientos sociales y los medios de comunicación también tienen una responsabilidad irrenunciable.
Su labor de documentación, monitoreo, denuncia, educación y promoción de derechos es esencial para construir una cultura democrática basada en la paz, la convivencia y el respeto a la dignidad humana.
Un compromiso que nos corresponde a todxs
La construcción de una policía respetuosa de los derechos humanos no depende únicamente de quienes portan un uniforme.
Es una responsabilidad colectiva que debe ejercerse todos los días desde las instituciones públicas, los órganos de control, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la propia ciudadanía.
Mientras la violencia, la discriminación y la impunidad continúen siendo toleradas o justificadas, los abusos seguirán reproduciéndose. Romper ese ciclo exige vigilancia permanente, participación ciudadana y el compromiso firme de defender los derechos humanos sin excepciones.
Yonatan Matheus (He/Him/Él)
LGBTQIA+ Human Rights Defender | Social Worker & Advocate
Working at the intersection of Migration, Human Rights & HIV response.
Contact: yonatanmatheus.life@gmail.com
Instagram @yonatanmatheus | Facebook yonatanmatheus.life
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