Reformar hoy para no lamentar mañana

Dip. Omar Ávila

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El artículo anterior, De San Sebastián a Boconó, concluía con una pregunta urgente: ¿qué políticas debemos reformar para que el próximo terremoto no vuelva a encontrarnos igual?

La respuesta no comienza necesariamente con la creación de nuevas instituciones, ya que nuestro país cuenta con organismos de Protección Civil, normas técnicas, universidades, cuerpos de bomberos y una institución científica especializada como FUNVISIS. El problema principal está en la distancia entre ese entramado formal y su capacidad real para prevenir, coordinar recursos, informar a la población y actuar oportunamente.

Los países expuestos a terremotos no pueden eliminar el riesgo, pero algunos han logrado reducir parte de sus consecuencias mediante sistemas estables, responsabilidades territoriales claras, normas aplicadas y preparación permanente. Sus modelos no pueden copiarse mecánicamente, pero sí demuestran que es posible construir una política pública menos dependiente de la improvisación.

La primera reforma necesaria es otorgar capacidad operativa real a los estados y municipios, porque las autoridades y las comunidades conocen las características de sus territorios; sin embargo, las decisiones extraordinarias, los recursos y la vocería suelen concentrarse en el poder nacional.

Chile, nuestro modelo más cercano, ofrece una referencia útil: su Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres organiza a entidades públicas, privadas y de la sociedad civil de manera descentralizada y desconcentrada. SENAPRED coordina técnicamente el sistema, pero existen estructuras y responsabilidades en los niveles nacional, regional y local.

La lección no es que cada región deba actuar por separado, sino que cada municipio debe saber de antemano quién dirige la emergencia, qué equipos posee, qué hospitales pueden funcionar, cuáles son sus rutas alternativas y cuánto tiempo puede operar sin apoyo externo. Descentralizar significa distribuir capacidad, no abandonar la coordinación nacional.

México utiliza y enseña el Sistema de Comando de Incidentes como una herramienta estandarizada para coordinar emergencias: organismos distintos emplean una terminología común y trabajan dentro de una organización definida previamente por protocolos y procedimientos.

Venezuela necesita un modelo equivalente que pueda activarse en cada estado y municipio, para determinar por ley quién evalúa los daños, quién dirige el rescate, quién administra los refugios, quién comunica los datos y quién solicita ayuda adicional. La eficacia no debe medirse por el número de uniformados movilizados, sino por resultados verificables: tiempos de llegada, personas atendidas, edificaciones inspeccionadas, vías recuperadas y comunidades todavía sin asistencia.

Nuestra legislación debe entender que un terremoto no es, en primer término, un problema de orden público. La conducción en momentos catastróficos corresponde a organismos civiles especializados en protección, rescate, salud y gestión del riesgo; las Fuerzas Armadas deben ofrecer transporte, comunicaciones, ingeniería, seguridad y apoyo logístico. La reforma venezolana debe fortalecer a Protección Civil y a los cuerpos de bomberos con equipos adecuados, formación profesional, comunicaciones autónomas, salarios dignos y capacidad para coordinar otros recursos públicos.

La nueva legislación debe establecer la información como un servicio esencial antes, durante y después de los desastres, coordinado por Protección Civil y los organismos afines, porque se necesitan balances comprensibles sobre fallecidos, heridos, desplazados, desaparecidos y cuerpos sin identificar. Publicar algunas cifras mientras se omiten categorías esenciales impide conocer la verdadera dimensión de la tragedia y prolonga la incertidumbre de las familias.

Una referencia obligada es Japón, país que organiza su política de desastres mediante un plan nacional que diferencia prevención, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción. Ese plan delimita además las responsabilidades del Gobierno central, las autoridades locales, los organismos públicos y la población.

Las autoridades locales japonesas elaboran sus propios planes y disponen de instrumentos para mantener servicios esenciales, recibir ayuda externa y continuar operando durante desastres de gran magnitud. Esos planes no solo se redactan: se revisan, se someten a ejercicios y se actualizan con las experiencias acumuladas.

La experiencia más reciente demuestra que Venezuela necesita una plataforma pública que integre la información de FUNVISIS, Protección Civil, hospitales, bomberos, alcaldías, universidades y organismos internacionales. Los datos no deben quedar dispersos entre vocerías políticas, comunicados aislados y redes sociales: la información confiable reduce rumores, orienta recursos y permite evaluar la actuación institucional.

La lección para Venezuela es clara: una evaluación estructural no debería comenzar únicamente cuando aparecen grietas después del sismo. Debe existir un programa permanente de inspección, mantenimiento y reforzamiento, con prioridades públicas y criterios técnicos verificables. La reconstrucción tampoco puede reproducir los riesgos anteriores: cada obra financiada con recursos nacionales o internacionales debería informar sus estudios, costos, contratistas, normas aplicadas y responsables de supervisión.

Desde Unidad Visión Venezuela, consideramos que la organización vecinal valorarse como una reacción espontánea que aparece únicamente cuando el Estado falla; en tal sentido, la población debe formar parte de la política de prevención de manera formal, con funciones claramente definidas en protección, información y sostenimiento de la respuesta inicial hasta que intervengan los equipos especializados; los ciudadanos no deben cargar sobre sus espaldas el peso más riguroso durante la tragedia y después de ella.