Shakira Galíndez: el costo de buscar asilo en Estados Unidos

Shakira Galíndez, mujer trans venezolana de 30 años y solicitante de asilo en Estados Unidos, cumple ya otro meses más detenida dentro del sistema migratorio estadounidense. Su caso continúa abierto tras la negativa inicial de su solicitud de protección mediante la figura del asilo, una apelación aún pendiente y un habeas corpus sin respuesta. Pero el paso del tiempo comienza también a convertirse en parte central de la historia. Porque en contextos de detención migratoria prolongada, el tiempo no transcurre de manera neutra.

El prisión el tiempo desgasta. El tiempo aísla. El tiempo deteriora emocional y físicamente. Y muchas veces también termina debilitando las posibilidades reales de defensa, acompañamiento y protección. En el caso de Shakira Galíndez, esos meses no representan solamente una cifra dentro de un expediente migratorio. Representan una experiencia prolongada de incertidumbre, vulnerabilidad y exposición constante al riesgo.

Pero hay un elemento que vuelve este caso especialmente urgente: Shakira podría ser deportada a Venezuela.

Actualización del caso

Desde su llegada de Venezuela a Estados Unidos en mayo de 2024 para solicitar protección internacional, el caso de Shakira Galíndez ha estado marcado por retrasos procesales y múltiples obstáculos que reflejan las dificultades que aún enfrenta el sistema migratorio para responder de manera oportuna y efectiva a las necesidades de protección internacional de las personas solicitantes de asilo, incluidas las personas LGBTQIA+.

Shakira fue detenida en Federal Plaza NYC, tras asistir a una audiencia migratoria el 25 de septiembre de 2025 y posteriormente trasladada entre distintos centros de detención del ICE en Louisiana, Arizona y Mississippi, donde ha permanecido recluida en instalaciones destinadas a población masculina, pese a ser una mujer trans. Esta situación incrementa su vulnerabilidad y plantea preocupaciones sobre el respeto de sus derechos y su dignidad.

En noviembre de 2025, un juez de inmigración negó su solicitud de asilo, decisión que dio lugar a nuevas acciones legales. Durante 2026, su representación legal presentó una solicitud de habeas corpus ante un tribunal federal para cuestionar la legalidad de su detención y solicitar su liberación mientras continúan los demás recursos judiciales. Al momento de esta actualización, dicha solicitud permanece pendiente de decisión y el caso continúa abierto

Cuando la protección no siempre se traduce en garantías reales

Aunque el sistema migratorio estadounidense mantiene referencias y estándares relacionados con la atención de personas trans en detención, organizaciones de derechos humanos y activistas continúan denunciando que la realidad dentro de muchos centros migratorios sigue marcada por decisiones inconsistentes, condiciones de vulnerabilidad y criterios que no siempre priorizan la seguridad o identidad de las personas detenidas.

En la práctica, muchas personas trans continúan siendo alojadas en instalaciones que no corresponden con su identidad de género. También enfrentan aislamiento, exposición al riesgo, dificultades para acceder a atención adecuada y procesos atravesados por incertidumbre constante. Y en el contexto político actual, donde las discusiones sobre migración, género y derechos trans se han vuelto aún más polarizadas en Estados Unidos, esa distancia entre lo que se dice que debe hacerse y lo que muchas personas realmente viven dentro del sistema continúa generando preocupación y denuncias sostenidas.

Porque cuando la protección existe principalmente en el discurso institucional, quienes terminan absorbiendo las consecuencias son las personas más expuestas dentro del sistema.

La detención prolongada profundiza la vulnerabilidad

Detenida el 25 de septiembre de 2025, Shakira ha pasado por distintos centros de detención en estados como Louisiana, Arizona y Mississippi. Su recorrido dentro del sistema ha estado marcado por traslados constantes, incertidumbre y exposición prolongada a entornos de alta vulnerabilidad. Actualmente permanece detenida en el Adams County Correctional Center, instalación operada por la corporación privada CoreCivic.

Allí continúa alojada dentro de una instalación masculina pese a las propias directrices existentes sobre identidad de género y protección de personas trans bajo custodia migratoria. Y aunque desde afuera muchas veces estas decisiones se presentan como procedimientos administrativos, sus consecuencias son profundamente humanas. Porque no se trata únicamente del lugar donde alguien duerme o permanece detenida.

Se trata de las condiciones concretas desde las cuales una persona atraviesa miedo, aislamiento, incertidumbre y exposición cotidiana dentro de espacios donde la protección muchas veces sigue dependiendo más de decisiones discrecionales que de garantías efectivas.

A eso se suma otro elemento frecuente dentro de los sistemas de detención migratoria: los traslados constantes también fragmentan redes de apoyo, dificultan acompañamientos legales y rompen vínculos comunitarios que pueden resultar fundamentales para sostener emocionalmente procesos de detención prolongada. Y cuando eso ocurre de manera repetida, el movimiento dentro del sistema deja de ser simplemente movilidad institucional y empieza también a funcionar como una forma de desgaste.

Deportación a Venezuela, el riesgo sigue presente

La posibilidad de deportación no es un escenario hipotético en este caso. Forma parte real del proceso migratorio que Shakira enfrenta actualmente. Y ese posible retorno ocurre hacia un país donde las personas trans continúan enfrentando condiciones estructurales de exclusión, violencia y desprotección institucional.

En Venezuela no existe una ley de identidad de género ni mecanismos integrales que garanticen protección efectiva frente a la discriminación basada en identidad o expresión de género. Durante años, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil han documentado barreras de acceso a salud, empleo, vivienda, justicia y protección institucional para personas LGBTQIA+, especialmente para mujeres trans.

También han sido documentados casos de violencia, exclusión social, criminalización y transfeminicidios. Y aunque en determinados momentos han existido discursos públicos sobre inclusión o diversidad, hasta ahora no se evidencian transformaciones estructurales sostenidas que permitan afirmar que las personas trans cuentan con condiciones reales y consistentes de protección.

Porque el problema no se reduce únicamente a discursos políticos o disputas partidistas. El problema aparece cuando las garantías siguen sin materializarse sobre la vida concreta de quienes continúan enfrentando exclusión, violencia y precariedad estructural.

Por eso el posible retorno de Shakira no implica simplemente volver a un territorio. Implica volver a un contexto donde persisten muchas de las condiciones de vulnerabilidad que originalmente motivaron la búsqueda de protección internacional.

La visibilidad también condiciona quién recibe protección

Lo que ocurre con Shakira Galíndez tampoco aparece en un vacío. Forma parte de una realidad más amplia donde personas LGBTQIA+ migrantes continúan atravesando sistemas que prometen protección mientras reproducen nuevas formas de vulnerabilidad, especialmente cuando se intersectan factores como pobreza, racialización, identidad de género, migración y exclusión social.

Y aunque la protección no debería depender de cuánta atención pública logra sostener un caso, en la práctica muchas veces ocurre exactamente eso. La visibilidad termina influyendo en las posibilidades de seguimiento, presión institucional y acompañamiento.

Pero sostener atención pública constante también se vuelve cada vez más difícil dentro de entornos atravesados por saturación informativa, múltiples crisis humanitarias y ciclos rápidos de consumo mediático donde unas historias desplazan rápidamente a otras. Y allí aparece otra pregunta incómoda: qué vidas logran mantenerse visibles dentro de la conversación pública y cuáles terminan desapareciendo del debate aun cuando continúan enfrentando situaciones de riesgo.

Porque lo que ocurre con Shakira no es excepcional. Existen muchas otras personas LGBTQIA+ migrantes atravesando experiencias similares fuera del foco mediático, lejos de titulares y lejos de cualquier conversación pública sostenida.

Cuando buscar protección también puede implicar nuevos riesgos

El caso de Shakira Galíndez evidencia las tensiones que pueden surgir entre el derecho a solicitar asilo y las consecuencias que algunas personas enfrentan mientras esperan una decisión sobre su protección. La detención prolongada y la reclusión de una mujer trans en centros destinados a población masculina plantean importantes desafíos para la protección de los derechos humanos y para la forma en que los sistemas migratorios responden a personas con necesidades específicas de protección. Más allá de una historia individual, este caso invita a reflexionar sobre la protección efectiva de las personas LGBTQIA+, el respeto al derecho de asilo y los desafíos que aún persisten para quienes buscan protección internacional en Estados Unidos.

La solidaridad también protege derechos

La defensa de los derechos humanos también requiere visibilidad. Por ello, invitamos a organizaciones de derechos humanos, organizaciones LGBTQIA+, colectivos migrantes, personas defensoras, activistas, medios de comunicación y liderazgos comunitarios a sumarse a la difusión responsable de este caso.

Mantenerlo en la agenda pública fortalece la defensa del derecho a buscar asilo, promueve el respeto al debido proceso y contribuye a que ninguna otra persona LGBTQIA+ vea criminalizada su búsqueda de protección internacional. La solidaridad también se construye informando, documentando y actuando de manera colectiva frente a situaciones que afectan los derechos fundamentales.

Yonatan Matheus (He/Him/Él)
Defensor de Derechos Humanos LGBTQIA+ | Trabajador Social y Activista
Trabajando en la intersección entre Migración, Justicia Social y respuesta al VIH